13 de Septiembre de 2013
Sesión celebrada en octubre de 1974
El Acta Secreta que muestra la connivencia y colaboracionismo entre la Corte Suprema y el Gobierno Militar
La reunión entre el presidente
de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano y otros ministros, con
miembros de la Junta de Gobierno, liderados por Augusto Pinochet, tenía
como eje principal la petición de los jueces para que mejoraran sus
pensiones. En medio de las negociaciones, los magistrados manifestaban
abiertas muestras de apoyo y lealtad hacia “nuestra Junta de Gobierno”.
Recalcando el trabajo codo a codo y la necesidad de solucionar problemas
“amistosamente, para que las cosas no trasciendan afuera”.
- Temas relacionados
-
El fantasma del Caso Frei les pena a los jueces de la Suprema
-
El nuevo golpe del Poder Judicial que esta vez apunta a las Isapres
-
Suprema suspende a jueces de Arica y analiza su expulsión por caso de irregularidades
-
Juica responde a cuestionamientos sobre juez Madrid y caso Frei Montalva
-
Cómo las Fuerzas Armadas quedaron fuera del sistema de AFP que entrega pensiones miserables
-
Ballesteros admite descoordinación entre la fiscalía y el Gobierno
-
A las 16:00 horas del 30 de octubre de 1974, el entonces presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano,junto a otros tres magistrados, se reunía secretamente con integrantes de la Junta de Gobierno liderada por Augusto Pinochet.
Casi 40 años después, fragmentos de lo discutido en dicha cita, recogida en el acta secreta 165ª,
dan cuenta de la cercanía y connivencia que se gestó entre el Poder
Judicial y el Gobierno Militar, en medio de la petición de mayores
asignaciones y jubilaciones por parte de los jueces.
Junto a Urrutia Manzano, asistieron a la reunión sus sucesores a la cabeza de la Corte Suprema, José María Eyzaguirre e Israel Bórquez, además de Juan Pomés.
Este último, junto a Bórquez y Urrutia Manzano, se habían reunido
secretamente el mismo día del Golpe Militar, que apoyaron abiertamente,
según consta en El Libro Negro de la Justicia Chilena, de Alejandra Matus.
Famosa se hizo la frase de Israel Bórquez: “Los desaparecidos me tienen curco”. Mientras que el discurso de apertura del año judicial de 1975 de Urrutia Manzano,
quien tras el Golpe se adelantó a investir al general Pinochet con la
banda presidencial, en una clara muestra de respaldo a la dictadura negó
tajantemente la existencia de detenidos desaparecidos o de de torturas y
“otras atrocidades”.
En tanto, el ministro Eyzaguirre había aceptado gustosamente
sumarse a una gira gubernamental por Europa en 1974, junto al presidente
del Colegio de Abogados, Alejandro Silva Bascuñán y el abogado Julio Durán, cuyo fin era explicar las razones y fundamentos del Golpe.
El tema principal del encuentro secreto esa tarde de octubre a la que
asistieron estos magistrados, se refería a la situación previsional del
Poder Judicial. Específicamente la necesidad, según señalaban los
magistrados presentes, de impulsar un proyecto pendiente que favorecía
los montepíos de las viudas de Ministros y las jubilaciones de los
mismos con motivo del 35% de asignación profesional.
Al respecto, Eyzaguirre señalaba que la Corte Suprema estaba
consciente de “la situación extremadamente grave desde el punto de vista
financiero en que se encuentra el país. Estamos conscientes de que los
señores miembros de la Junta de Gobierno han recibido una herencia fatal
y desesperada. No nos atreveríamos a venir a plantear a la Honorable
Junta de Gobierno una situación que significara un mayor gasto público,
porque consideraríamos una falta de patriotismo de nuestro actuar pedir
una cosa así (…)”.
Urrutia Manzano agregaba que “ustedes tienen un testigo presencial a quien pueden interrogar acerca de esto: el Auditor General de Guerra, que una vez a la semana está precisamente en la primera sala, en la Sala mía, trabajando con nosotros. Él ha visto cuántas veces la Corte Suprema ha sorteado riesgos para evitar que se deslice un comentario en el exterior (del país) que pudiera perjudicar a nuestra Junta de Gobierno, pues eso la Corte Suprema no lo acepta, y hemos buscado con él la manera armoniosa de salir del tranco para que no salga a la publicidad algún error que ha podido cometer algún fiscal”.
Lo que era secundado por Urrutia Manzano, que exponía ante los
militares que “como les expresó el ministro Eyzaguirre, nosotros
comprendemos la situación en que está la Junta y la situación del país.
Hemos prestado el mayor apoyo posible que hemos podido a la Junta,
porque estamos convencidos de eso y lo hemos hecho sinceramente, sin
esperar nada. Pero hoy día nos encontramos en una situación francamente
insostenible (…) ahí está el Ministro señor Ortiz, que está pidiendo
permiso tras permiso, y entonces, tengo ahí un hueco y tan es así, que
ni hemos querido nombrar suplente”.
Pero es una intervención del ministro Eyzaguirre la que
grafica especialmente la extrema cercanía y colaboración entre ambos
poderes, y da cuenta de los esfuerzos de los jueces por trabajar
favoreciendo a los militares, evitándoles problemas en el exterior y con
la prensa.
“El Poder Judicial ha sido maltratado desde hace muchísimo tiempo por
una razón muy sencilla: porque siempre fue tremendamente legalista;
porque impuso el cumplimiento de la Constitución y de las leyes
valientemente contra cualquier tipo de Gobierno. Y al actual Gobierno la
Corte Suprema le tiene especial estimación”.
El magistrado agregaba que “ustedes tienen un testigo presencial a
quien pueden interrogar acerca de esto: el Auditor General de Guerra,
que una vez a la semana está precisamente en la primera sala, en la Sala
mía, trabajando con nosotros. Él ha visto cuántas veces la Corte
Suprema ha sorteado riesgos para evitar que se deslice un comentario en
el exterior (del país) que pudiera perjudicar a nuestra Junta de
Gobierno, pues eso la Corte Suprema no lo acepta, y hemos buscado con él
la manera armoniosa de salir del tranco para que no salga a la
publicidad algún error que ha podido cometer algún fiscal, por ejemplo,
alguna petición que no debió haberse hecho, y lo solucionamos siempre
así, amistosamente, para que las cosas no trasciendan afuera, porque
para nosotros es fundamental eso: la colaboración que nosotros podamos
prestarle a la Junta de Gobierno honesta y sinceramente”.
Por su parte, Urrutia Manzano recalcaba que “eso le está probando a usted que si hemos venido aquí es porque estamos en situación desesperada”.
Los arrumacos también venían del otro lado. Pinochet en
persona le respondía al magistrado, que “el mismo cariño que usted me
expresaba en días pasados es el que tenemos nosotros por ustedes”.
LOS RECURSOS DE AMPARO
Entre septiembre de 1973 y diciembre de 1983 los tribunales chilenos
acogieron apenas 10 de los 5.400 recursos de amparo presentados a favor
de personas detenidas ilegalmente por orden de las autoridades del
Gobierno Militar.
Según un Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el elevado
número de recursos rechazados obedecía principalmente a la lógica
adoptada por las Cortes chilenas en estos casos, que tenía dos pilares:
daba plena fe a los informes ministeriales de que no se había detenido
al amparado, dejando absolutamente de lado las pruebas o testimonios que
avalaran la denuncia. O, en caso de que las autoridades admitieran la
detención, los jueces hacían vista gorda porque había sido un arresto
realizado legalmente.
La situación de los recursos de amparo fue tratada tangencialmente en
el secreto encuentro de fines de 1974 entre magistrados y militares.
Al finalizar el extenso diálogo sobre las pensiones, Urrutia Manzano desliza el tema:
“Tomándome la libertad, solo deseo agregar algo completamente al
margen de esto. Tenemos problemas: los famosos informes de los
Ministerios en los recursos de amparo. Tengo 300 informes pendientes. A
petición de la Corte Suprema, envié al respecto un oficio al Ministerio
de Defensa y al Ministerio del Interior. Llegaron 50 informes, pero
quedan 250, y ahora han llegado otros 50 amparos. Comprendo la
situación, pero le pido, señor Presidente, si se podría acelerar esto,
porque después vienen los reclamos”.
La respuesta de Pinochet fue escueta: “Hay problemas por gente
que se traslada afuera. Además, por ejemplo, ayer una señora estaba
buscando a una persona, pero había entregado otro nombre. Me voy a
preocupar de este asunto”.