FALLO POR LAS ESCUCHAS DEL 'CASO GÜRTEL'
Garzón dice adiós a la carrera judicial al ser condenado a 11 años de inhabilitación
El exmagistrado de la Audiencia Nacional tiene otras dos causas pendientes
El fallo ha sido adoptado por unanimidad de los miembros de la Sala de lo Penal del Supremo
El condenado se muestra "desolado" y estudia un posible recurso ante el Tribunal Constitucional
El juez Garzón, ayer, camino del Supremo, donde quedó visto para sentencia el juicio por el franquismo. / DOMINIQUE FAGET (AFP)
El juez Baltasar Garzón ha sido condenado a 11 años de inhabilitación por las escuchas en prisión a los corruptos del caso Gürtel, trama vinculada al PP,
lo que implica su expulsión de la carrera judicial. La condena añade
además el pago de una multa y las costas. En una sentencia durísima, los
jueces del Supremo acusan a Garzón de haber utilizado “prácticas de
regímenes totalitarios” utilizando los mismos argumentos que el juez
instructor, Alberto Jorge Barreiro. Garzón, según su abogado, Francisco
Baena Bocanegra, está "desolado" y estudia ya si recurre ante el
Constitucional.
Para sus jueces,
Garzón causó “una drástica e injustificada reducción del derecho de
defensa y demás derechos afectados anejos al mismo”. La sentencia
homenajea al instructor Alberto Jorge Barreiro, al utilizar sus palabras
y tildar de “laminación” de esos derechos la disposición de las
escuchas. Incluso utiliza sus mismos razonamientos en el sentido de que
Garzón habría “colocado a todo el proceso penal español, teóricamente
dotado de las garantías constitucionales y legales propias de un Estado
de Derecho contemporáneo, al nivel de sistemas políticos y procesales
característicos de tiempos ya superados”. También le atribuye prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios
en los que todo se considera válido para obtener la información que
interesa, o se supone que interesa, al Estado, prescindiendo de las
mínimas garantías efectivas para los ciudadanos y convirtiendo de esta
forma las previsiones constitucionales y legales sobre el particular en
meras proclamaciones vacías de contenido”.
Según la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero ,
“ninguno de los métodos de interpretación del derecho usualmente
admitidos que hubiera podido seguir el acusado respecto de esos
preceptos, le habría conducido a concluir de forma razonada que es
posible restringir sustancialmente el derecho de defensa, con los
devastadores efectos que ocasiona en el núcleo de la estructura del
proceso penal, en las condiciones en que lo hizo”
El tribunal dice que no se podía grabar “sin disponer de ningún dato
que pudiera indicar mínimamente, en una valoración razonable, que la
condición de letrado y el ejercicio del derecho de defensa se estaban
utilizando como coartada para facilitar la comisión de nuevos delitos” .
“No se trata, pues, de una interpretación errónea de la ley, sino de un
acto arbitrario, por carente de razón, que desmantela la configuración
constitucional del proceso penal como un proceso justo”, añade el texto.
El Supremo sostiene que “la injusticia” de Garzón consistió en acoger
una interpretación de la ley según la cual podía intervenir las
comunicaciones entre el imputado preso y su letrado defensor basándose
solamente en la existencia de indicios respecto a la actividad criminal
del primero, sin considerar necesario que tales indicios afectaran a los
letrados”. “Lo cual”, añaden, “resulta inasumible desde cualquier
interpretación razonable del Derecho”.
El tribunal entiende que no se puede reducir con carácter general el derecho de defensa
“exclusivamente con base en la gravedad del delito investigado y en los
indicios existentes contra el primero, que son precisamente los que
determinan su permanencia en prisión provisional”.
“Bastaría entonces para justificar la supresión de la
confidencialidad en las comunicaciones del imputado con su letrado
defensor con basar la prisión provisional en evitar el riesgo de que el
imputado cometa otros hechos delictivos” añade el texto. “Esta forma de
actuar causaría una destrucción generalizada del derecho de defensa, que
no tiene cabida en la Constitución”.
En suma, la resolución es injusta “ en tanto que arbitrariamente
restringe sustancialmente el derecho de defensa de los imputados en
prisión, sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable”.
Como “elementos añadidos” el Supremo dice que la aplicación de la ley por Garzón se efectuó “separándose absolutamente de la doctrina del Tribunal Constitucional
y de esta Sala del Tribunal Supremo”. A su entender la actuación de
Garzón se revela “a ojos de cualquiera, como un acto de mero
voluntarismo que, por su contenido, se alejaba de modo arbitrario y
absoluto de la aplicación razonada del Derecho causando un daño
totalmente injustificado y difícilmente reparable en los derechos de
defensa de los imputados y, en su medida, en los derechos de los
letrados afectados, especialmente al derecho-deber al secreto
profesional como esencial para una correcta defensa”.
La acusación, sustentada por los jefes corruptos, Francisco Correa y
Pablo Crespo, además de por el abogado Ignacio Peláez, que representa al
empresario vinculado a la trama José Luis Ulibarri, reclamaba entre 10 y
17 años de inhabilitación para Garzón por haber vulnerado su derecho de
defensa al haber intervenido sus comunicaciones en prisión.
“Monstruoso”, “infamante”, “injusto”, “barbaridad” “inconstitucional”… La acusación del juez Baltasar Garzón
no se ha ahorrado durante el juicio descalificaciones al presentar al
acusado como un juez prevaricador y violador sistemático de todos los
derechos constitucionales, “una suerte de Gran Hermano que todo lo
escucha y todo lo ve”. Eso sí, siempre entre cantos al compañerismo y
siempre lamentando la “ingrata tarea” y el “gran malestar” que les
produce tener que acusar a un compañero como Garzón, con el que
compartieron tantas tareas en la Audiencia Nacional. Pero como hoy
visten la toga que visten, pues no tienen más remedio que evitar que se
violen sus derechos constitucionales.
Los fiscales del Tribunal Supremo Antolín Herrero y Pilar Valcárcel defendieron la legalidad de la actuación del juez Baltasar Garzón al intervenir las conversaciones a los dirigentes de la trama Gürtel
porque su actuación fue “proporcionada” a la gravedad de los delitos y
han pedido al alto tribunal la absolución del magistrado.
En su informe, Antolín Herrero mantuvo que el juez Baltasar Garzón no
vulneró la ley, ante un vacío de interpretación que da margen al juez
para llevar adelante la instrucción garantizando los derechos de los
imputados.
El fiscal dejó claro que el acusador Ignacio Peláez no fue “expresamente llamado” cuando se entrevistó en la cárcel con Crespo y Correa, porque no eran clientes suyos y su cliente, el empresario José Luis Ulibarri,
no estaba preso. Según el fiscal, “la condición de defensor no
corresponde a ese letrado y por eso, a él, la peculiaridad de las
comunicaciones no le atañe”.
El abogado de Garzón en este caso, el penalista sevillano Francisco
Baena, ha explicado cómo se siente el juez tras conocer el fallo: "Puede
usted imaginárselo: Una vida entera dedicada a la judicatura y que de
pronto te digan que se ha acabado... Es para estar desolado. Confieso
que yo participo de su desolación y dolor". Baena ha dicho que discrepa
"profundamente" del fallo, porque siempre ha sostenido que solo cabía la
absolución de su cliente. Además, ha señalado que estudiará la
resolución y que, "si su contenido lo permite", acudirá al Tribunal
Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "Pero eso
depende del estudio detenido de la resolución y, desde luego, de la
voluntad de mi cliente".
Del respeto a la indignación
El PP pide respeto para el Supremo mientras los partidos de izquierda critican la condena a Garzón
Aguirre:"Creo que es un día muy alegre para la democracia y no muy triste"
El País /
Agencias
Madrid
9 FEB 2012 - 15:02 CET59
Alberto Ruiz Gallardón, ministro de justicia: "No haremos valoraciones políticas".
"El Gobierno, en este, como en todos los casos en los que haya un
pronunciamiento del poder judicial, no hará nunca ningún tipo de
valoración política". "No hay por tanto ningún tipo de valoración
política, hay una valoración única y exclusivamente de respeto absoluto a
las decisiones del poder judicial".
Antonio Hernando (PSOE): "Resulta incomprensible que sea el juez el primer condenado de Gürtel"."Un fallo desproporcionado que conmocionará a la ciudadanía".
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. A una pregunta de Gregorio Gordo,
portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, que ha iniciado su
intervención afirmando que era un "día triste para la democracia", la
presidenta de Madrid, tras un gesto de euforia, ha dicho lo siguiente:
"No creo que IU esté a favor de la impunidad, cualquiera que incumple la
ley debe ser condenado. La imputación a Garzón por tres delitos graves
la han hecho 15 magistrados del Supremo por unanimidad, así que yo creo
que es un día muy alegre para la democracia y no muy triste". "Los fines
no pueden justificar los medios, y esa es la esencia del Estado de
Derecho", ha concluido. "No sé si dar por bueno que el juez Garzón va a
encabezar a la izquierda en Madrid", ha terminado Aguirre tras conocer
"la tristeza" de Tomás Gómez, portavoz y secretario general del PSM, por los 11 años de inhabilitación al juez, informa José Marcos.
Julio Villarubia, portavoz de justicia del PSOE en el Congreso. "No es la sentencia que nos hubiera gustado". "Nos causa extrañeza y preocupación".
Josep Antoni Duran Lleida (CiU): "Respeto a las sentencias gusten o no gusten".
"Cualquier juez y cualquier persona que sepa lo que es un Estado de
derecho debe respetar las decisiones judiciales, gusten o no gusten".
Cayo Lara (Izquierda Unida): "Hoy es un día triste para la justicia española y para los demócratas".
"Nos llama poderosamente la atención la celeridad del Supremo para
condenar a un juez que persigue delitos de presunta corrupción mientras
los presuntos corruptos todavía no se han sentado en el banquillo".
"Vamos a tener dificultades para explicarles a nuestros hijos que los
buenos fueron condenados y los malos no se han sentado en el banquillo".
Gaspar Llamazares (IU): "Es una injusticia monstruosa". "Un un linchamiento y un escándalo".
Joan Tardà (ERC): "La primera víctima del caso Gürtel".
El portavoz adjunto de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà,
ha asegurado que "la justicia española tiene un sesgo ideológico
extraordinario". "Lamentamos que la primera víctima del caso Gürtel sea
un juez que cae víctima de la ultraderecha", pese a que, ha añadido,
"nunca tuvo la dignidad de pedir perdón por las torturas a los
nacionalistas catalanes en 1992".