• LIBELO ACUSATORIO
ANEXO
ARTÍCULO 1° INC. C) - RESOLUCIÓN H. CÁMARA DE DIPUTADOS N° 1431/2012
1. OBJETO.
El
Líbelo Acusatorio contra el Presidente de la República Fernando Lugo
Méndez, se funda en las consideraciones de hecho y de derecho que
pasamos seguidamente a exponer:
Nuestra Constitución Nacional, en su Artículo 225, establece:
"El
Presidente de la República, el Vicepresidente, los Ministros del Poder
Ejecutivo, los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal
General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la
República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de
Justicia Electoral, solo podrán ser sometidos a juicio político por mal
desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus
cargos o por delitos comunes.
La acusación será formulada por la
Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la
Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en
juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en su caso,
declararlos culpables, al solo efecto de separarlos de sus cargos. En
los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a
la justicia ordinaria".
2. LOS HECHOS QUE MOTIVAN ESTA ACUSACIÓN
2.1 ACTO POLÍTICO EN EL COMANDO DE INGENIERÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS
En
el año 2009, con autorización del Presidente Lugo, se realizó una
concentración política de jóvenes en el Comando de Ingeniería de las
Fuerzas Armadas, el que fue financiado por instituciones del Estado,
incluyendo a la Entidad Binacional Yacyreta. Fernando Lugo, reconoció
que la Entidad Binacional Yacyretá financió el encuentro de jóvenes
socialistas de la región, llevado a cabo en el Comando de Ingeniería de
las Fuerzas Armadas.
Esas instalaciones fueron utilizadas para la
reunión de los jóvenes, quienes colgaron banderas con alusiones
políticas, llegando a izarse una de ellas en sustitución del pabellón
patrio.
Ese acto de naturaleza netamente política y con los
exabruptos ampliamente difundidos por los medios de prensa solo pudo ser
realizado con la autorización del Comandante en Jefe y prueba de que el
Gobierno avaló, instigó y facilitó esos actos políticos dentro del
cuartel es que varios importantes funcionarios del Gobierno participaron
del evento pronunciando discursos instigando a la lucha de clases, como
el pronunciado por el entonces Ministro de la Secretaría de Emergencia
Nacional, Camilo Soares.
2.2 CASO ÑACUNDAY
Fue
el Gobierno del Presidente Lugo el único responsable como instigador y
facilitador de las recientes invasiones de tierras en la zona de
Ñacunday. La falta de respuesta de las fuerzas policiales ante las
invasiones de supuestos carperos y sin tierras a bienes del dominio
privado, solo han sido parte de esa conducta cómplice.
El
presidente Lugo ha utilizado a las fuerzas militares para generar un
verdadero estado de pánico en toda esa región, violando el derecho de
propiedad e ingresando a inmuebles de colonos, so pretexto de realizar
el trabajo de amojonamiento de la franja de exclusión fronteriza. Sin
embargo, esos trabajos eran acompañados por dirigentes de la Asociación
de Carperos, quienes abiertamente dirigían la labor de los técnicos y de
los integrantes de las fuerzas militares, que han dado lugar a
interminables denuncias de los propietarios y también incontables
publicaciones periodísticas referidas a esa situación.
Y mientras
esas invasiones se producían y se daban a conocer amenazas de otras más
en otros departamentos de la República, el Presidente Lugo se mostraba
siempre con puertas abiertas a los líderes de esas invasiones, como es
el caso de José Rodríguez, Victoriano López, Eulalio López, entre otros,
dando un mensaje claro a toda la ciudadanía sobre su incondicional
apoyo a esos actos de violencia y de comisión de delitos que eran
propiciados y desarrollados a través de esas organizaciones.
Fernando
Lugo ha sometido las fuerzas militares a los denominados carperos,
quienes han realizado todo tipo de abusos, agresiones y atracos a la
propiedad privada, a la vista de las fuerzas públicas, quienes no
actuaron por la indisimulada complicidad del Presidente de la República
con esos agresores.
Los miembros de esta Cámara recordarán lo
ocurrido con la Intendente Municipal de Santa Rosa del Monday, María
Victoria Salinas Sosa, quien fue víctima de un violento ataque de
carperos quienes la golpearon, patearon y destrozaron el vehículo en el
que se desplazaba.
2.3 CRECIENTE INSEGURIDAD
El
Presidente Lugo ha sido absolutamente incapaz de desarrollar una
política y programas que tiendan a disminuir la creciente inseguridad
ciudadana.
En estos 4 años de Gobierno, a pesar de los importantes
recursos financieros que le fueron proveídos por el Congreso Nacional
para potenciar a la fuerza pública, los resultados han sido no solo
insatisfactorios sino también ha quedado por demás demostrado la falta
de voluntad del Gobierno para combatir al Ejercito del Pueblo Paraguayo,
que se ha convertido, al amparo y con la complicidad del Gobierno, en
el azote de los ciudadanos de los departamentos de Concepción y San
Pedro.
Los distintos operativos emprendidos por el Gobierno,
muchas veces con gran cobertura periodística, han tenido como único
resultado el total fracaso. Nunca en la historia de este país, la
Policía Nacional ha tenido tantas víctimas cobardemente asesinadas por
los integrantes del EPP y, a pesar de ello, la conducta complaciente del
Presidente siguió inalterable.
Todos los Miembros de esta
Honorable Cámara de Diputados conocemos los vínculos que el Presidente
Lugo siempre ha mantenido con grupos de secuestradores, que
anteriormente se vinculaban al movimiento-partido Patria Libre y cuya
ala militar hoy se denomina EPP.
Los costosos operativos
dispuestos por el Gobierno durante los dos estados de excepción no han
dado resultado alguno y, por el contrario, solo ha generado una mayor
fortaleza de ese grupo terrorista armado a través del descrédito y las
humillaciones a las que fueron sometidas las fuerzas militares y
policiales asignadas al operativo.
El Presidente Lugo es el
responsable de la creciente inseguridad y es responsable también por
haber mantenido por tanto tiempo como Ministro del Interior a una
persona absolutamente inepta e incapaz para ocupar ese cargo. Esa
ineptitud, sumada a la indisimulada relación cómplice entre el
Presidente Lugo y los líderes de la asociación de carperos y otras
organizaciones que fueron protagonistas de innumerables invasiones de
tierras y otros tipos de agresiones son los que han propiciado y
facilitado el lamentable suceso que costara la vida a 17 compatriotas, 6
de ellos pertenecientes a la Policía Nacional y que fueron cruelmente
asesinados y a sangre fría por auténticos criminales, que también han
incitado y manipulado a campesinos del lugar.
Luego de esa triste
jornada, de la que felizmente se tienen importantes datos y filmaciones
que han sido generosamente difundidas por distintos medios de prensa,
solo se ha tenido una posición absolutamente equívoca del Presidente de
la República en relación a lo ocurrido.
Fernando Lugo Méndez y
varios de sus ministros, y en especial Miguel López Perito y Esperanza
Martínez, han pretendido tratar por igual a los policía cobardemente
asesinados y a aquellos que fueron protagonistas de esos crímenes. El
derecho a reclamar está consagrado por la Carta Magna pero nadie está
autorizado a cometer crímenes so pretexto de reclamar derechos y, menos
aún acabar con la vida de policías desarmados.
Esta misma actitud, se
manifestó en la conferencia de prensa brindada por Fernando Lugo con
relación a lo ocurrido en la estancia Morumbi, en donde ni siquiera tuvo
la delicadeza de prometer el castigo de los asesinos de esos policías y
de quienes instigaron a los campesinos a tomar las armas so pretexto de
luchar por sus derechos.
El Presidente Fernando Lugo está
propiciando y fomentando, a través de algunos miembros de su gabinete y
de sus cómplices que fungen de dirigentes carperos y otras
organizaciones campesinas, un conflicto social de dimensiones
impredecibles y que por su comprobada incapacidad no podrá luego
solucionar.
Personalmente, desde luego, manifiesto mi convicción
de que el camino de la crisis y el conflicto social y armado no será el
producto de negligencia o simple impericia del Presidente sino
directamente el objetivo que el mismo ha buscado durante el tiempo que
fue obispo y que hoy pretende desarrollar para proyectar y consolidar su
anhelo de un régimen autoritario, sin libertades, con la aniquilación
de la libertad de prensa y la imposición del partido único que profesan
los enemigos de la democracia y los adherentes del socialismo del Siglo
XXI.
Fernando Lugo y sus ministros deben respetar el derecho de
todos los ciudadanos pero resulta inadmisible e injustificable que
pretendan poner en pie de igualdad a los criminales y a sus víctimas, a
los asesinos y a los policías que fueron cobardemente asesinados.
Mientras
los familiares lloran por sus muertos, Fernando Lugo debe estar
reuniéndose con los cabecillas e instigadores de los sucesos ocurridos
el viernes pasado en Curuguaty y no se visualiza posibilidad alguna de
que Fernando Lugo rectifique su conducta, que ya ha costado decenas de
vidas de compatriotas que han caído víctimas de la inseguridad que él
mismo se ha encargado y esforzado de generar.
2.4 PROTOCOLO DE USHUAIA II.
Este
documento constituye UN ATENTADO CONTRA LA SOBERANÍA de la República
del Paraguay y ha sido suscrito por el Presidente FERNANDO LUGO MENDEZ
con el avieso propósito de obtener un supuesto respaldo en su descarada
marcha contra la institucionalidad y el proceso democrático de la
República.
Dicho documento ya ha motivado un pronunciamiento de la
Comisión Permanente del Congreso Nacional, destacándose la falta de
transparencia en el procedimiento que dio lugar a la firma del documento
y a su contenido al punto que hasta la fecha, el Poder Ejecutivo no lo
ha remitido al congreso para su conocimiento y consideración. A través
de ese documento, los países vecinos podrían cortar el suministro de
energía a la República del Paraguay.
El documento firmado en
Montevideo, en diciembre de 2011, para remplazar al Protocolo de Ushuaia
(Carta Democrática del Mercosur), tiene sus orígenes en un documento
previo, presentado ante la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), que
fue pergeñado por los presidentes de la región para protegerse unos a
otros.
La principal características del Protocolo de Ushuaia II es
la identificación del Estado con la figura de los presidentes para, en
el nombre de la "defensa de la democracia", defenderse unos a otros.
2.5 CASO MATANZA CURUGUATY. Ha
quedado demostrado con los hechos acaecidos en los Campos Morombi,
Curuguaty, Departamento de Canindeyú, la patente inoperancia,
negligencia, ineptitud e improvisación de este gobierno liderado por
Presidente Fernando Lugo Méndez, que amerita la acusación de la Cámara
de Diputados por mal desempeño de funciones ante la Cámara de Senadores.
Fernando
Lugo, hoy por hoy representa lo más nefasto para el pueblo paraguayo,
que se encuentra llorando la perdida de vidas inocentes debido a la
criminal negligencia y desidia del actual Presidente de la Republica,
quien desde que asumió la conducción del país, gobierna promoviendo el
odio entre los paraguayos, la lucha violenta entre pobres y ricos, la
justicia por mano propia y la violación del derecho de propiedad,
atentando de ese modo permanentemente contra la Carta Magna, las
instituciones republicanas y el Estado de Derecho.
No cabe duda
que la responsabilidad política y penal de los trágicos eventos
registrados 15 de junio del presente año, que costó la vida de 17
ciudadanos paraguayos entre policías y campesinos, recae en el
Presidente de la República, Fernando Lugo, que por su inacción e
incompetencia, dieron lugar a los hechos acaecidos, de conocimientos
públicos, los cuales no necesitan ser probados, por ser hechos públicos y
notorios.
El incidente no surgió espontáneamente, fue una
emboscada a las fuerzas de seguridad; fue algo premeditado, producto de
un plan debidamente concebido, planificado y llevado a la práctica,
gracias a la complicidad e inacción del Gobierno de Fernando Lugo,
responsable directo de la crisis que hoy atraviesa nuestra amada Patria.
Ya
desde la Honorable Cámara de Diputados se levantaban voces de
advertencia, ya se avizoraba lo que hoy es una realidad, la perdida de
vidas humanas.
Hoy, podemos afirmar que este es el final que
deseaba Fernando Lugo, este fue siempre el plan ideado por el mismo, con
la única finalidad de crear las condiciones de crisis social y,
conmoción interna que justifiquen un asalto del presidente Fernando Lugo
y sus seguidores a las instituciones de la República, con el propósito
de instalar un régimen contrario a nuestro sistema Republicano. Este
deseo desmedido, hoy nos hace lamentar las perdidas de vidas humanas, en
una cantidad nunca antes vista en la historia contemporánea de la
República del Paraguay.
Todas las evidencias, que son públicas,
nos demuestran que los acontecimientos de la semana pasada no fueron
fruto de una circunstancia derivada de un descontrol ocasional, por el
contrario, fue un acto premeditado, donde se embosco a las fuerzas del
orden publico, gracias a la actitud cómplice del Presidente de la
Republica, quien hoy no solo debe de ser removido por juicio político,
sino que debe de ser sometido a la Justicia por los hechos ocurridos, a
fin de que esto sirva de lección a futuros gobernantes.
Estos
grupos extremistas, como el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo
(EPP) o los mal llamados Carperos, se fortalecieron día a día gracias a
la incompetencia y complacencia de Fernando Lugo, que en lugar de
combatirlos, como era su obligación, los recibía y apadrinaba. No cabe
la menor duda que Fernando Lugo ha fortalecido a estos grupos
criminales, quienes hoy no solo desafían y amenazan abiertamente a los
ciudadanos honestos, sino que llegan a lo más bajo que puede caer un ser
humano, que es atentar contra la vida de otro. Tan poco hoy importa al
Presidente Lugo el Estado de Derecho y la vida humana, que en lugar de
enderezar rumbos, se mantiene en su posición, manifestando que seguirá
reuniéndose con estos criminales.
Fernando Lugo es el directo
responsable de que hoy nuestro país este viviendo días de luto. Tanto él
como su incapaz ex Ministro del Interior Carlos Filizzola, deben
responder ante la ciudadanía por los trágicos acontecimientos
registrados en el Departamento de Canindeyú.
No existe voluntad
alguna de combatir estas formas de violencia, que tanto daño ya ha
causado a nuestra sociedad, es por ello que debemos de cumplir con
nuestra obligación Constitucional, e iniciar el proceso de juicio
político por mal desempeño contra el Presidente de la República, quien
desde que asumió el Gobierno ha instado al incumplimiento de órdenes
judiciales de desalojo, así como a la promoción de mensuras judiciales
sin mediar juicio entre las partes, o abasteciendo de provisiones y
enseres a los ocupantes de tierras han sido los signos que marcaron las
acciones y el temperamento de este Gobierno.
3. PRUEBAS QUE SUSTENTAN LA ACUSACIÓN
Todas
las causales mencionadas más arriba, son de pública notoriedad, motivo
por el cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro ordenamiento
jurídico vigente.
4. CONCLUSIÓN.
El
Presidente de la Republica Fernando Lugo Méndez ha incurrido en mal
desempeño de sus funciones en razón de haber ejercido el cargo que
ostenta de una manera impropia, negligente e irresponsable, trayendo el
caos y la inestabilidad política en toda la Republica, generando así la
constante confrontación y lucha de clases sociales, que como resultado
final trajo la masacre entre compatriotas, hecho inédito en los anales
de la historia desde de nuestra independencia nacional hasta la fecha,
en tiempo de paz.
La causal de mal desempeño en sus funciones
aparece en su actitud de desprecio ante el derecho y las instituciones
republicanas, socavando los cimientos del Estado Social del Derecho
proclamado en nuestra Carta Magna. Su complaciente actuar lo hace
cómplice por acción y omisión en todos los casos antes citados, que
legitiman la presente acusación.
5.- DERECHO
Se
funda la presente acusación por mal desempeño de funciones de
conformidad a lo establecido en el Articulo 225 de la Constitución
Nacional.
6. PETITORIO.
6.1.-
Definitivamente, la gestión del presidente Fernando Armindo Lugo Méndez
ha perjudicado enormemente los intereses supremos de la Nación, que de
continuar, apeligra gravemente la convivencia pacífica del pueblo
paraguayo y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales,
por lo que se halla sobradamente justificada hacer lugar a la presente
acusación contra el presidente Fernando Armindo Lugo Méndez por la
Honorable Cámara de Senadores, por mal desempeño de funciones.
6.2.-
En mérito a los argumentos precedentemente señalados dicten resolución,
declarando culpable al presidente Fernando Armindo Lugo Méndez, y en
consecuencia, separarlo del cargo que ostenta, de conformidad a lo
establecido en el Artículo 225 de la Constitución Nacional
6.3.- En consecuencia remitir los antecedentes a la Justicia Ordinaria.